Lo que el gobierno calla

Anacristina Rossi | Abril 15, 2007 | 451 palabras

El CAFTA-DR quiebra el sistema jurídico del país al establecer en abstracto el arbitraje –con todo un aparato de supuesta justicia supraestatal y extraterritorial– como una alternativa obligatoria a la hora de dirimir conflictos con los inversionistas. Así lo explica el jurista Wálter Antillón en su libro El caballo de Troya (Alma Máter, 2006). [Disponible en www.tribunademocratica.com/2006/07/librecomerciouncaballodetroya.html y www.tribunademocratica.com/2006/07/inconstitucionalidaddel_caftadr.html].

Algunos argumentan que nuestra Sala Constitucional ya aprobó los arbitrajes. Pero es que los del CAFTA-DR no son arbitrajes. Un verdadero arbitraje es un mecanismo ad hoc que se constituye caso por caso y por mutuo acuerdo de las partes. Por su naturaleza privada, para ser eficaz un verdadero laudo arbitral necesita una homologación judicial.

El del CAFTA-DR en cambio es un arbitraje en abstracto, de una vez por todas, y en ningún caso puede el Estado, como parte, oponerse. Se lleva a cabo según las normas de un aparato preconstituido en el CIADI y el laudo es vinculante sin que haya homologación judicial.

La triste realidad es que estos falsos tribunales arbitrales del CIADI se establecen para sustituir el poder judicial costarricense. Al resolver un conflicto deben aplicar prioritariamente las normas del CAFTA-DR y Anexos en lugar de nuestras normas legales y constitucionales tales como el derecho a un ambiente sano. Además, deben basar sus decisiones en las interpretaciones que "de la normativa del CAFTA-DR y las llamadas medidas disconformes de los Anexos I y II" haga la Comisión de Libre Comercio, compuesta por los siete ministros de Comercio Exterior. Las interpretaciones de dicha Comisión son vinculantes.

Por lo tanto, el CAFTA-DR altera la organización política del país. Crear un órgano para que interprete en forma exclusiva y vinculante los textos del Cafta-DR –la Comisión de Libre Comercio– y darle jurisdicción compulsiva a un Centro Internacional y a sus "tribunales arbitrales" para resolver conflictos generados dentro de nuestro territorio es perder la soberanía.

Sí, otros países latinoamericanos lo han hecho, y su experiencia ha sido trágica. El monto de reclamos arbitrales en el NAFTA alcanza hoy los mil millones de dólares. Países que suscribieron tratados Bilaterales de Inversión como Argentina están abrumados por lo mismo. Un informe de Global Trade Watch describe cómo los inversionistas, amparados por estos instrumentos pseudo jurídicos que les permiten evadir los tribunales internos de los países, desafían sentencias legales, políticas ambientales, contratos municipales, impuestos, etc.

El CAFTA-DR es, cuando menos, inconstitucional. De aprobarse, la perspectiva para nuestro país es terrible. Implica perder control sobre recursos esenciales como el agua y la biodiversidad; perder la capacidad de implementar políticas económicas, ambientales, fiscales, etc.; someterse a fallos vinculantes que toman en cuenta sólo el beneficio comercial del inversionista; y renunciar a la potestad jurisdiccional del estado.

¿Eso queremos?