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Corrales confía en que el TSE le autorice en las próximas semanas la recolección del 5% de las firmas para el referendum
La consulta ante la Sala de parte de Servicios Técnicos de la Asamblea forma parte del procedimiento que debe seguirse para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tome en las próximas semana una decisión sobre la eventual convocatoria a una consulta popular.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) puso en marcha a principios de enero el mecanismo para realizar un referendum del llamado tipo de Iniciativa Ciudadana, ante la solicitud realizada por un grupo de ciudadanos, encabezados por el exdiputado José Miguel Corrales.
El TSE envió hace tres semanas al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que dirige la ex diputada social cristiana Gloria Valerín, para que exprese sobre su criterio si el referendum procede o no en el caso del tratado de libre ccomercio (TLC), y la misma consulta ya es tramitada por la Sala Constitucional.
Para el diputado José Miguel Corrales el TSE tendrá que autorizar en las próximas semanas el inicio de recoleción de al menos el 5% de las firmas del padrón electoral para realizar el referendum, aunque otras fuentes vinculadas al tribunal electoral dijeron a Informa-tico.com que la decisión de efectuar o no la consulta aún no ha sido tomada.
"Hasta donde entiendo, los magistrados del TSE han iniciado consultas como lo determina la ley del referendum, pero serán ellos los que al final tomen la decisión de hacerlo o no. Habrá que ver cuánta independencia hay en el TSE en relación con el grupo hegemónico y político que contrala el poder en Costa Rica y que apoya el TLC", dijo una fuente vinculada a ese poder que pidió el anonimato por razones obvias.
Los pasos para el referendum ciudadano
De acuerdo con ley que regula el referendum de iniciativa ciudadana el primer paso para su convocatoria es la solicitud ante el TSE para recoger el 5% de las firmas que se requieren.
El siguiente paso es "indicar el texto por consultar en referendum, las razones que justifican la propuesta, así como los nombres de los interesados".
Luego de ello, según la ley, "el TSE remitirá el texto normativo a la Asamblea Legislativa, a fin de que sea evaluado desde el punto de vista formal por el Departamento de Servicios Técnicos" que determinará si el texto contiene vicios formales.
Una vez realizado ese paso, el "Tribunal ordenará su publicación en La Gaceta --del tratado, lo que ya ha sido realizado-- y el interesado procederá a recolectar las firmas de por lo menos un cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón".
Para la recolección de firmas, los interesados tendrían un plazo de nueve meses, prorrogable un mes más. Es decir, que de aprobarse la realización del referendum en el mes de marzo, los interesados tendrían hasta diciembre para reoger las firmas.
Una vez recogidas las firmas, el TSE procedería a la convocatoria del referendum, que se realizaría máximo en un plazo de 90 días.
En la votación del referendum para un proyecto como el TLC tendría que participar al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón. El resultado es de acatamiento obligatorio para la Asamblea Legislativa.
Corrales pide a TSE que exhorte a archivo de TLC
En un escrito enviado el pasado 25 de enero al TSE, el diputado José Miguel Corrales y otros ciudadanos solicitaron a ese órgano que "dirija un respetuoso exhorto a la Asamblea Legislativa, para que suspenda de inmediato la tramitación del TLC, hasta que se verefique el referendum".
Asimismo, Corrales pide al TSE que "advierta a la Asamblea Legislativa que celebrado el referendum y si éste no alcanza el 40% de votos favorables del padrón electoral, el TLC se habrá derogado, aunque la Asamblea Legislativa lo hubiere apoyado por 38 votos".
Corrales dijo a Informa-tico.com que el referendum es la única salida institucional que queda para resolver el diferendo en torno al TLC, y advirtió que si no se realiza la violencia se podría terminar imponiendo.
En el escrito al TSE, Corrales advierte sobre el peligro de esa violencia al afirmar que los ciudadanos tienen "el derecho a la rebelión".
"El derecho a la rebelión es el ejercicio válido y legítimo que se da, cuando los gobernantes violan el pacto social sobre el cual se apoya su autoridad", afirma Corrales y luego remata señalando que "cuando el derecho no da soluciones a los problemas de los pueblos, los pueblos dan soluciones que no son de derecho".
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