Por Francisco Escobar - escofra@hotmail.com
Juan Carlos Hidalgo, director del Proyecto Latinoamericano del International Policy Network, una ONG en Londres que promueve los intereses empresariales y de quien he leído numerosos artículos favorables al TLC, escribe en uno de sus escritos:
“Durante años se les ha inculcado a los costarricenses la idea de que los ciudadanos respetuosos de la ley, con el fin de no resultar lastimados, no debemos oponer resistencia a los maleantes que pretenden atracarnos… El temor a que haya una ‘carrera armamentista’ entre criminales y ciudadanos responsables es refutado por la experiencia en diversos estados de Estados Unidos que indica que los criminales no están interesados en verse envueltos en batallas campales con sus víctimas. El más mínimo riesgo de resultar herido es disuasión suficiente como para que el maleante busque otras fechorías que realizar.
“Tampoco es de esperar un aumento dramático en el número de personas armadas en las calles. En los estados norteamericanos donde las armas son más populares, la cantidad de ciudadanos con licencia para portar armas no rebasa el 5% de la población. Ciertamente, hay un efecto donde la gran mayoría de la población se beneficia gratuitamente de la seguridad brindada por otros. La diferencia radica en que los criminales no saben quién está armado y las probabilidades de asaltar a la persona incorrecta son mayores. Ante la escalada del crimen violento en Costa Rica y el fracaso del Gobierno de este país en cumplir su función elemental de proteger a las personas e impartir justicia, resulta imperativo que los costarricenses ejerzan sin obstrucciones gubernamentales innecesarias su derecho básico a defender su vida y sus familias con un arma de fuego.”
El argumento central a favor del rearme de la población costarricense es el ejemplo de Estados Unidos. No creo necesario recurrir a las estadísticas ni a los supuestos estudios académicos para refutar este argumento de manera terminante. Todos somos testigos asombrados de la escalada de violencia homicida armada en Estados Unidos. No solo los atentados en los que han muerto o han sido heridas figuras decisivas en la vida política y social estadounidense, incluyendo a Martin Luther King y a varios ex presidentes y candidatos presidenciales, sino la aterradora cifra de las matanzas en los centros educativos, que han culminado con la aterradora masacre de Virginia Tech.
No es que se haya argumentado que con el fin de no resultar lastimados, no debemos oponer resistencia a los maleantes. El problema radica en la preparación que necesariamente implica la decisión de entrar en combate. En la guerra militar, los soldados reciben un largo y cuidadoso entrenamiento en estrategia de combate, uso de las armas, disciplina psicológica y autocontrol. Un ciudadano que no tiene este entrenamiento entra en combate para morir, porque su desventaja es absoluta. ¡Claro que el temor a que haya una carrera armamentista entre criminales y ciudadanos está muy bien fundada! Es una teoría ridícula de la psicología criminal suponer que los criminales no están interesados en verse envueltos en batallas campales con sus víctimas. Los criminales que están dispuestos a atacar, saben que nunca pueden estar seguros de que no serán contraatacados, por vulnerable que parezca su víctima.
Por supuesto que esta doctrina del International Policy Network favorece el comercio de las armas que es y ha sido uno de los mayores negocios del mundo y que es garantizado por el Tratado de Libre Comercio. Aumentar la oferta de armas en el mercado costarricense, fortalecería la corrupción gubernamental del tráfico ilegal de armas y convertiría el país en un cementerio de las víctimas indefensas, que mueren con un arma de fuego en la mano.
Juan Carlos Hidalgo, director del Proyecto Latinoamericano del International Policy Network, una ONG en Londres que promueve los intereses empresariales y de quien he leído numerosos artículos favorables al TLC, escribe en uno de sus escritos:
“Durante años se les ha inculcado a los costarricenses la idea de que los ciudadanos respetuosos de la ley, con el fin de no resultar lastimados, no debemos oponer resistencia a los maleantes que pretenden atracarnos… El temor a que haya una ‘carrera armamentista’ entre criminales y ciudadanos responsables es refutado por la experiencia en diversos estados de Estados Unidos que indica que los criminales no están interesados en verse envueltos en batallas campales con sus víctimas. El más mínimo riesgo de resultar herido es disuasión suficiente como para que el maleante busque otras fechorías que realizar.
“Tampoco es de esperar un aumento dramático en el número de personas armadas en las calles. En los estados norteamericanos donde las armas son más populares, la cantidad de ciudadanos con licencia para portar armas no rebasa el 5% de la población. Ciertamente, hay un efecto donde la gran mayoría de la población se beneficia gratuitamente de la seguridad brindada por otros. La diferencia radica en que los criminales no saben quién está armado y las probabilidades de asaltar a la persona incorrecta son mayores. Ante la escalada del crimen violento en Costa Rica y el fracaso del Gobierno de este país en cumplir su función elemental de proteger a las personas e impartir justicia, resulta imperativo que los costarricenses ejerzan sin obstrucciones gubernamentales innecesarias su derecho básico a defender su vida y sus familias con un arma de fuego.”
El argumento central a favor del rearme de la población costarricense es el ejemplo de Estados Unidos. No creo necesario recurrir a las estadísticas ni a los supuestos estudios académicos para refutar este argumento de manera terminante. Todos somos testigos asombrados de la escalada de violencia homicida armada en Estados Unidos. No solo los atentados en los que han muerto o han sido heridas figuras decisivas en la vida política y social estadounidense, incluyendo a Martin Luther King y a varios ex presidentes y candidatos presidenciales, sino la aterradora cifra de las matanzas en los centros educativos, que han culminado con la aterradora masacre de Virginia Tech.
No es que se haya argumentado que con el fin de no resultar lastimados, no debemos oponer resistencia a los maleantes. El problema radica en la preparación que necesariamente implica la decisión de entrar en combate. En la guerra militar, los soldados reciben un largo y cuidadoso entrenamiento en estrategia de combate, uso de las armas, disciplina psicológica y autocontrol. Un ciudadano que no tiene este entrenamiento entra en combate para morir, porque su desventaja es absoluta. ¡Claro que el temor a que haya una carrera armamentista entre criminales y ciudadanos está muy bien fundada! Es una teoría ridícula de la psicología criminal suponer que los criminales no están interesados en verse envueltos en batallas campales con sus víctimas. Los criminales que están dispuestos a atacar, saben que nunca pueden estar seguros de que no serán contraatacados, por vulnerable que parezca su víctima.
Por supuesto que esta doctrina del International Policy Network favorece el comercio de las armas que es y ha sido uno de los mayores negocios del mundo y que es garantizado por el Tratado de Libre Comercio. Aumentar la oferta de armas en el mercado costarricense, fortalecería la corrupción gubernamental del tráfico ilegal de armas y convertiría el país en un cementerio de las víctimas indefensas, que mueren con un arma de fuego en la mano.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario